Esteve Puigpinos es maestro cervecero y cofundador de Cerveza 90 Varas, microcervecería artesana de Cerezo de Abajo (Segovia).
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Hay una pregunta que nadie se hace al pedir una caña, y es normal: ¿paga el mismo impuesto la cerveza de una fábrica que produce cuarenta millones de hectolitros y la de un obrador como el nuestro, en Cerezo de Abajo, que produce unos cientos?En casi toda Europa, la respuesta es no. En España, es sí.
Llevo más de diez años elaborando cerveza en el nordeste de Segovia y esa diferencia, invisible en la barra del bar, explica buena parte de por qué el sector artesano español es entre tres y cinco veces más pequeño que el italiano, en un mercado cervecero que dobla al de Italia.
La herramienta que Europa ofrece y España no usa
La normativa europea lo permite desde 1992. El artículo 4 de la Directiva 92/83/CEE autoriza a los Estados miembros a aplicar tipos reducidos —de hasta el 50%— al impuesto especial que paga la cerveza de las pequeñas fábricas independientes: las que producen menos de 200.000 hectolitros al año, no dependen jurídica ni económicamente de otra cervecera y no fabrican bajo licencia. La Directiva 2020/1151 actualizó y reforzó ese régimen.
La inmensa mayoría de los socios europeos ha ejercido la opción. Alemania mantiene desde hace décadas su escala progresiva para independientes. Francia aplica tipo mitad a las pequeñas. Reino Unido convirtió la fiscalidad progresiva en política industrial: su Small Producer Relief, heredero de la Progressive Beer Duty de 2002, escalona el alivio hasta el equivalente a unos 60.000 hectolitros e incluye una rebaja adicional para el barril servido en hostelería, pensada explícitamente para el pub y el productor local. Austria bonifica por tramos hasta 50.000 hectolitros. Bélgica, Países Bajos, Chequia o Dinamarca mantienen esquemas similares.
Italia, que partía de donde estamos nosotros
El caso más útil para mirarnos es el italiano, porque hace siete años estaba prácticamente donde estamos hoy. Desde 2019 introdujo la rebaja, primero con carácter temporal, y desde la Ley de Presupuestos de 2025 como medida estructural: un 50% menos de impuesto para las microcervecerías de hasta 10.000 hectolitros, un 30% entre 10.000 y 30.000 y un 20% entre 30.000 y 60.000, con controles simplificados.
El resultado, con todas las cautelas que exige atribuir causalidades: cerca de 1.200 cerveceras artesanas, más de 430 millones de euros de valor en el canal de hostelería y unos 92.000 empleos directos e indirectos. Un ecosistema varias veces mayor que el español en un país que consume la mitad de cerveza.
España es una de las escasas excepciones. Los epígrafes del Impuesto sobre la Cerveza (Ley 38/1992) distinguen por graduación —cero euros por hectolitro hasta 1,2% de alcohol, 2,75 euros hasta 2,8%, y de ahí en adelante por hectolitro y grado Plato— pero no distinguen, en ningún tramo, por tamaño del productor.
La paradoja del exportador
La anomalía produce una situación que cuesta explicar sin sonrojarse. Como el beneficio del tipo reducido viaja con el producto dentro de la UE, una cervecera artesana española que exporta a Italia o a Portugal puede acogerse allí a la rebaja local acreditándose como pequeño productor independiente, mediante la autocertificación del artículo 57 ter del Reglamento de Impuestos Especiales, cuyos criterios publica la propia AEAT.
Es decir: el Estado español certifica que somos pequeños e independientes para que paguemos menos impuestos fuera, mientras en nuestro propio mercado nos aplica el tipo pleno.
El impuesto invisible: la burocracia
Con todo, si me preguntan qué es lo que más pesa en el día a día de una fábrica pequeña, no diría el impuesto. Diría el coste de cumplirlo.
El paquete de obligaciones está diseñado igual para una fábrica de 500 hectolitros que para una de cuatro millones: inscripción en el Registro Territorial y obtención del CAE con memoria técnica y requisitos físicos de la instalación; constitución de garantías; contabilidad de existencias con suministro electrónico de asientos a la AEAT —el sistema SILICIE, obligatorio desde 2020—; autoliquidaciones periódicas del modelo 561 y una batería de modelos censales y de circulación; documentos electrónicos de acompañamiento para cada movimiento en régimen suspensivo; e intervención de la Oficina Gestora de Impuestos Especiales.
Las estimaciones sectoriales sitúan ese coste de cumplimiento en varios miles de euros anuales entre asesoría especializada, tiempo de gestión y garantías. Para una fábrica de 500 hectolitros puede superar con creces lo que paga de impuesto especial, del orden de 500 euros al año. El impuesto visible es pequeño. El invisible, no.
Es cierto que el RD 1512/2018 introdujo simplificaciones para las fábricas de menos de 5.000 hectolitros: contabilidad reducida y mermas reglamentarias ampliadas. Pero ese umbral es el más bajo del entorno europeo —Italia simplifica hasta 10.000 y bonifica hasta 60.000— y genera además un efecto frontera perverso: la fábrica que crece de 4.900 a 5.100 hectolitros asume de golpe el régimen contable completo. Una norma pensada para aliviar acaba desincentivando el crecimiento justo en el tramo en el que una cervecera empieza a consolidar empleo.
Los matices, por honestidad
Conviene decir también lo que dicen quienes defienden que las cosas se queden como están, porque en parte es verdad. Los tipos españoles del impuesto sobre la cerveza están entre los más bajos de Europa: por una botella de 33 cl al 5% de alcohol, el impuesto español es una fracción del finlandés o del británico.
Pero el argumento es incompleto. La rebaja para pequeños productores no busca abaratar la cerveza —el impuesto apenas pesa en el precio final—, sino compensar en parte la desventaja estructural de escala de quien produce a un coste unitario varias veces superior al industrial. Es la misma lógica por la que existen regímenes especiales para la agricultura familiar o la pesca artesanal.
Y hay que poner sobre la mesa el coste de corregirlo: las estimaciones sectoriales cifran el impacto recaudatorio de aplicar el tipo reducido en torno a un millón de euros anuales para el conjunto del Estado. No es una reforma fiscal. Es un redondeo presupuestario con capacidad de transformar un sector que fija empleo precisamente donde más falta hace: en España, la cervecera artesana es con enorme frecuencia una empresa de un municipio pequeño. El nuestro tiene 150 vecinos.
Lo que pedimos
Cabe en tres líneas:
1. Un tipo reducido del impuesto especial por volumen de producción, como en la práctica totalidad de la Unión Europea.
2. Simplificación real de las cargas formales, con umbrales homologables a los europeos y sin efectos frontera que penalicen crecer.
3. Una definición legal exigente de «cerveza artesana», porque la actual (RD 678/2016) carece de criterios de volumen e independencia y permite que cualquier gran grupo etiquete como artesano lo que no lo es. Otra desigualdad, esta vez en el lineal.
Ninguna de las tres pide privilegios. Piden lo que ya existe de Oporto a Helsinki: que el impuesto distinga entre David y Goliat, porque el mercado, desde luego, ya los distingue.
